Examen de Técnico Medio de Gestión (A2) de la Diputación de Alicante (turno libre, 2024)
76 preguntas con 4 opciones cada una. Toca «Ver la solución» para ver la respuesta correcta y por qué lo es, comprobado con el texto de la ley.
El examen tenía 80 preguntas. No mostramos 4: las anuló el tribunal o ya no son correctas porque la ley ha cambiado.
Las primeras 10 preguntas
1. Según el vigente artículo 49 de la Constitución Española –en adelante, CE-, las personas con discapacidad,
A
ejercen los derechos previstos en el Título I de la CE en condiciones de igualdad. Se regulará por ley orgánica la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
B
ejercen los derechos previstos en el Título I de la CE en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas. Se regulará por ley la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
C
ejercen los derechos previstos en el Título I de la CE, a través de los poderes públicos que realizarán una política de previsión, tratamiento, rehabilitación e integración de los disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos a los que prestarán la atención especializada que requieran.
D
no pueden ejercen los derechos previstos en el Título I de la CE en condiciones de igualdad reales y efectivas. Por ello, se regulará por ley orgánica la protección especial que sea necesaria para dicho ejercicio.
2. Según el artículo 86 de la Constitución Española los Decretos-leyes, se dictarán por el Gobierno en caso de extraordinaria y urgente necesidad, y no podrán afectar:
A
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
B
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a las relaciones internacionales, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
C
al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos de las personas con nacionalidad española, ni al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.
D
al funcionamiento de los servicios mínimos obligatorios autonómicos y municipales.
3. Que el establecimiento de sanciones pecuniarias deba prever que la comisión de las infracciones tipificadas no resulte más beneficioso para el infractor que el cumplimiento de las normas infringidas, se corresponde con el siguiente principio de la potestad sancionadora:
A
Principio de legalidad
B
Principio de proporcionalidad
C
Principio de tipicidad
D
No se corresponde con ningún principio de la potestad sancionadora.
4. Según el artículo 90.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando las conductas sancionadas hubieran causado daños o perjuicios a las Administraciones y la cuantía destinada a indemnizar estos daños no hubiera quedado determinada en el expediente, se fijará:
A
Mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva, y será susceptible de terminación convencional, poniendo esta resolución del procedimiento fin a la vía administrativa.
B
Mediante un procedimiento complementario, cuya resolución no será inmediatamente ejecutiva, al considerándose este acto de trámite.
C
Mediante un procedimiento complementario, cuya resolución será inmediatamente ejecutiva, siendo susceptible de terminación convencional, pero, en este supuesto, la aceptación convencional de la resolución por el infractor implicará el reconocimiento voluntario de su responsabilidad.
D
Siempre deben quedar determinadas en el expediente, no pudiéndose exigir indemnización en caso contrario.
5. Según el artículo 139 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen local, en relación con la tipificación de las infracciones y sanciones por las Entidades Locales en determinadas materias,
A
Los entes locales podrán, como desarrollo de la normativa estatal, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley 40/2015, para el uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
B
Los entes locales podrán, en desarrollo de la normativa estatal y autonómica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en la ley 40/2015, para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
C
Los entes locales podrán, en defecto de normativa sectorial específica, establecer los tipos de las infracciones e imponer sanciones por el incumplimiento de deberes, prohibiciones o limitaciones contenidos en las correspondientes ordenanzas, de acuerdo con los criterios establecidos en los artículos 140 y 141 de la ley 7/1985, para la adecuada ordenación de las relaciones de convivencia de interés local y del uso de sus servicios, equipamientos, infraestructuras, instalaciones y espacios públicos.
D
Ninguna de las anteriores es correcta.
6. Según el artículo 65 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas,
A
Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a la reclamación del interesado.
B
El acuerdo de iniciación de oficio del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de quince días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.
C
El procedimiento iniciado de oficio se instruirá cuando los particulares presuntamente lesionados se personen en el plazo establecido.
D
Las Administraciones públicas no pueden iniciar de oficio el procedimiento de responsabilidad patrimonial al corresponder la acción al interesado.
7. Según el artículo 3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, las cuestiones que se susciten en relación con:
A
La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.
B
Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.
C
La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.
D
Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.
8. Según el artículo 4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende:
A
Al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales sólo pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, y según lo dispuesto en los Tratados internacionales, no produciendo efectos la decisión fuera del proceso en que se dicte.
B
Al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso- administrativo, y según lo dispuesto en los Tratados internacionales, produciendo efectos la decisión fuera del proceso en que se dicte.
C
Al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales, no produciendo efectos la decisión fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente.
D
Ninguna de las anteriores es correcta.
9. La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, en relación a la tramitación electrónica del procedimiento administrativo
A
Modifica la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
B
Contiene una regulación adicional a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
C
Deroga la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos
D
No afecta a la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos, que se mantiene vigente
10. Son procedimientos especiales según el Título V de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa
A
El procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, el procedimiento de deslinde de términos municipales, el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, y la cuestión de ilegalidad.
B
El procedimiento en los casos de suspensión administrativa previa de acuerdos, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, el procedimiento para la declaración judicial de extinción de partidos políticos, el procedimiento para la garantía de la unidad de mercado, y la cuestión de ilegalidad.
C
El procedimiento para la ejecución de sentencias, el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales de la persona, el procedimiento para la creación de partidos políticos, y la cuestión de ilegalidad.
D
Ninguna de las anteriores es correcta.
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