Examen de Técnico superior (A1-01) de la Generalitat, convocatoria 1/24
167 preguntas con 4 opciones cada una. Toca «Ver la solución» para ver la respuesta correcta y por qué lo es, comprobado con el texto de la ley.
El examen tenía 200 preguntas. No mostramos 33: las anuló el tribunal o ya no son correctas porque la ley ha cambiado.
Las primeras 10 preguntas
1. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 1 del Código Civil, ¿cuándo formarán parte del ordenamiento jurídico español las normas contenidas en los tratados internacionales?
A
Tras su aprobación por el Consejo de Ministros.
B
Inmediatamente después de ser ratificados por España.
C
Cuando sean integrados al orden interno mediante su publicación oficial en el Boletín Oficial del Estado.
D
Tras su ratificación por el Congreso de los Diputados.
2. Señale la opción correcta. Según la Constitución, los decretos leyes deberán ser inmediatamente sometidos a debate y votación de totalidad en el Congreso de los Diputados, convocado al efecto si no estuviere reunido, en el plazo de:
A
Los veinte días siguientes a su promulgación.
B
Los treinta días siguientes a su promulgación.
C
Los quince días siguientes a su promulgación.
D
Los sesenta días siguientes a su promulgación.
3. Señale el enunciado correcto. Según la Constitución y la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
A
En el ejercicio de la potestad reglamentaria, las administraciones públicas actuarán de acuerdo con los principios de subsidiariedad, promocionalidad, austeridad, transformación y resiliencia.
B
El Congreso ejerce la función ejecutiva y la potestad reglamentaria de acuerdo con la Constitución y las leyes.
C
Los tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legalidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican.
D
Las leyes podrán inhabilitar directamente a autoridades dependientes u otros organismos que tengan atribuida esta potestad para aprobar normas en desarrollo o aplicación de las mismas, cuando la naturaleza de la materia así lo exija.
4. Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:
A
En virtud del principio de necesidad, la iniciativa reguladora que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.
B
Las disposiciones administrativas se ajustarán a los criterios de descentralización vertical establecidos por las leyes.
C
En aplicación del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
D
Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
5. Según la Ley orgánica 2/1987, de 18 de mayo, de conflictos jurisdiccionales, ¿ante qué órgano podrá formalizar conflicto negativo de jurisdicción la persona que viera rechazado el conocimiento de un asunto de su interés por un órgano administrativo de la Generalitat?
A
Ante el Consell.
B
Ante el órgano judicial competente por la materia.
C
Ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción.
D
Ninguno. Los particulares, aunque sean interesados, no son competentes para interponer conflictos de jurisdicción.
6. Señale la respuesta correcta. Según el artículo 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ponen fin a la vía administrativa:
A
Las resoluciones de los recursos de alzada.
B
Los acuerdos, pactos, convenios o contratos que no tengan la consideración de finalizadores del procedimiento.
C
Las resoluciones de los órganos administrativos que carezcan de superior jerárquico, salvo que por éstos se establezca lo contrario.
D
La resolución administrativa de los procedimientos de responsabilidad patrimonial, excepto que el tipo de relación de que se derive sea privado.
7. Respecto de la potestad reglamentaria regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la afirmación que es correcta:
A
Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
B
Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, pero sí regular las materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.
C
El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde únicamente al Gobierno de la Nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos.
D
Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Las disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra de rango superior cuando un informe del Consejo de Estado así lo autorice.
8. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, indique la respuesta correcta con relación a las exigencias de calidad normativa:
A
La iniciativa normativa debe disponer de un marco normativo estable y estar redactada en el lenguaje jurídico administrativo especializado que corresponda.
B
El Consell debe ejercer la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria de forma que las normas cumplan, entre otros, los principios de eficacia, eficiencia y proporcionalidad propios de la buena regulación.
C
Las iniciativas normativas, entre otros aspectos y sin preferencia alguna, deben considerar las medidas que sean menos restrictivas para los derechos de las personas.
D
La adecuación a los principios de buena regulación normativa de los anteproyectos de ley y de los proyectos de reglamento debe estar suficientemente justificada en el articulado de la disposición correspondiente.
9. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell:
A
En el ámbito de la Generalitat, las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria se ajustan a la siguiente jerarquía: decretos del president, decretos del Consell, órdenes de las comisiones delegadas del Consell, órdenes de consellerias y las disposiciones de órganos inferiores por el orden de su jerarquía.
B
No existen los decretos del Consell relativos a actos singulares.
C
Adoptarán la forma de orden de conselleria las disposiciones consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria de los titulares de las mismas, que quedará circunscrita a las materias de su departamento.
D
En ningún caso en el ejercicio de la potestad reglamentaria se podrán restringir derechos individuales.
10. Señale la respuesta correcta. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo:
A
Siempre que se trate de recurso de casación para la unificación de doctrina.
B
Sólo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la sala sentenciadora.
C
Sólo cuando se trate de recursos contra disposiciones generales de la comunidad autónoma o cuando el recurso se fundare en infracción de normas de derecho estatal.
D
En ningún caso.
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