Negligencia

Señale la respuesta correcta. Tras la tramitación tardía de un expediente, instado por una persona el retraso en la tramitación, ha dado lugar a un importante perjuicio económico a un ciudadano, quien interpone reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial frente a la Administración actuante y acaba obteniendo una compensación, en sede judicial, de 97.450 €. La sentencia declara probada la existencia de numerosas deficiencias en la tramitación del procedimiento de origen, y especialmente identifica como causa del retraso el que el expediente quedara retenido durante más de seis meses a la espera de un informe jurídico por parte de la Administración encargada de realizarlo, sin que ésta diera razón alguna para la no emisión del informe en los tiempos debidos, ni la complejidad del asunto, ni elemento objetivo alguno permita justificar esta enorme demora. La sentencia contencioso-administrativa que concede la indemnización, de hecho, declara como probado que este retraso no debía ser soportado por el ciudadano por su carácter “gravemente negligente", identificando ese punto del iter procedimental como clave. A partir de estas consideraciones, ¿ha de abonar la Administración la indemnización o puede exigir que sea el funcionario responsable del retraso quien se haga cargo de la misma?

A) Estamos ante un caso de responsabilidad concurrente de la administración con el funcionario, respondiendo ambos solidariamente según dispone el artículo 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

B) Sería un supuesto de responsabilidad de Derecho privado, de los previstos, en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al ser el daño causado por un sujeto concreto y no por la Administración en su conjunto.

C) Se trata de un caso en el que, debiendo indemnizar la Administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta ha de repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave. La Administración ha de actuar de oficio una vez constatada o acreditada ésta, como ocurre en este caso.

D) Se trata de un caso en el que, debiendo indemnizar la Administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta podría repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave, pero sólo si lo estima oportuno.

Según la Ley 4/2021, de 16 de abril, de la Función Pública Valenciana, se considera falta leve del personal funcionario público:

A) La falta injustificada de asistencia de tres días.

B) La grave perturbación del servicio que impida el normal funcionamiento de este.

C) La falta de obediencia debida a las personas que sean sus superiores jerárquicos y a las que sean autoridades.

D) El descuido o negligencia en el ejercicio de sus funciones.

Señale la respuesta CORRECTA. Según el artículo 79 de la Ley 5/1983, la responsabilidad patrimonial de la Administración Pública de la Generalitat será exigible:

A) Únicamente por daños derivados de actuaciones ilícitas por autoridades o funcionarios.

B) Solo cuando exista culpa o negligencia grave de autoridades o funcionarios.

C) Por toda lesión derivada del funcionamiento de los servicios públicos que sufran los ciudadanos en cualquiera de sus bienes y derechos, salvo casos de fuerza mayor.

D) Exclusivamente cuando las lesiones se hayan producido a consecuencia de actos administrativos declarados nulos.