Examen de Administrativo C1-01, convocatoria 151/21 (2021)

A los efectos previstos en esta Ley, tendrán capacidad de obrar ante las Administraciones Públicas los grupos de afectados cuando así se establezca reglamentariamente.

Las entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, quedarán sujetas a lo dispuesto en las normas de esta Ley, salvo cuando ejerzan potestades administrativas.

Se consideran interesados en el procedimiento administrativo aquellos cuyos intereses legítimos, individuales o colectivos, puedan resultar afectados por la resolución y se personen en el procedimiento en tanto no haya recaído resolución definitiva.

Reglamentariamente, cuando resulte eficaz, proporcionado y necesario para la consecución de los fines propios del procedimiento, y de manera motivada, podrán incluirse trámites adicionales o distintos a los contemplados en esta Ley.

La comparecencia de las personas ante las oficinas públicas, ya sea presencialmente o por medios electrónicos, sólo será obligatoria cuando así esté previsto reglamentariamente.

La Administración está obligada a dictar resolución expresa y a notificarla en todos los procedimientos cualquiera que sea su forma de iniciación.

Cuando las normas reguladoras de los procedimientos no fijen el plazo máximo, éste será de seis meses.

El plazo máximo en el que debe notificarse la resolución expresa será el fijado por la norma reguladora del correspondiente procedimiento. Este plazo no podrá exceder, en ningún caso, de seis meses.

En ningún caso podrá ser objeto de ampliación un plazo ya vencido. Los acuerdos sobre ampliación de plazos o sobre su denegación no serán susceptibles de recurso, sin perjuicio del procedente contra la resolución que ponga fin al procedimiento.

Tanto la petición de los interesados como la decisión sobre la ampliación deberán producirse, en todo caso, antes del vencimiento del plazo de que se trate.

La Administración, salvo precepto en contrario, podrá conceder de oficio o a petición de los interesados, una ampliación de los plazos establecidos, que no exceda de la mitad de los mismos, si las circunstancias lo aconsejan y con ello no se perjudican derechos de tercero. El acuerdo de ampliación deberá ser notificado a los interesados.

La ampliación de los plazos por el tiempo máximo permitido no se aplicará a los procedimientos tramitados por las misiones diplomáticas y oficinas consulares, así como a aquellos que, sustanciándose en el interior, exijan cumplimentar algún trámite en el extranjero o en los que intervengan interesados residentes fuera de España.

Los actos que limiten derechos objetivos e intereses legítimos.

Los actos que acepten pruebas propuestas por los interesados.

Los acuerdos de aplicación de la tramitación de urgencia, de ampliación de plazos y de realización de actuaciones complementarias.

Los actos que se dicten en el ejercicio de potestades regladas, así como los que deban serlo en virtud de disposición legal o reglamentaria expresa.

Diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Diez días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Quince días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Quince días hábiles desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez días a partir del día siguiente en que el acto haya sido dictado.

Toda notificación deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos previstos en el apartado anterior, no surtirán efecto.

Las Administraciones Públicas deberán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por destinatarios a más de un interesado.

Los actos nulos o anulables que, sin embargo, contengan los elementos constitutivos de otro distinto producirán los efectos de éste.

Son anulables los actos de la Administración que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, salvo la desviación de poder.

La realización de actuaciones administrativas fuera del tiempo establecido para ellas sólo implicará la anulabilidad del acto cuando así lo imponga la naturaleza del término o plazo.

El defecto de forma sólo determinará la anulabilidad cuando el acto carezca de los requisitos formales indispensables para alcanzar su fin o dé lugar a la indefensión de los interesados.

La nulidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean dependientes del primero.

La nulidad o anulabilidad de un acto no implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

La anulabilidad de un acto implicará la de los sucesivos en el procedimiento que sean independientes del primero.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren la Constitución.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que vulneren las leyes u otras disposiciones administrativas de rango superior.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que regulen materias reservadas a la Ley.

Serán nulas de pleno derecho las disposiciones administrativas que establezcan la retroactividad de disposiciones sancionadoras favorables o no restrictivas de derechos individuales.

Cuando la Administración acuerde de oficio la tramitación simplificada del procedimiento deberá notificarlo a los interesados. Si alguno de ellos manifestara su oposición expresa, la Administración suspenderá el procedimiento y resolverá sobre la procedencia de su tramitación simplificada u ordinaria.

Salvo que reste menos para su tramitación ordinaria, los procedimientos administrativos tramitados de manera simplificada deberán ser resueltos en treinta días, a contar desde el siguiente al que se notifique al interesado el acuerdo de tramitación simplificada del procedimiento.

En cualquier caso, las Administraciones Públicas podrán acordar, de oficio, la tramitación simplificada del procedimiento.

En el caso de procedimientos de naturaleza sancionadora, se podrá adoptar la tramitación simplificada del procedimiento cuando el órgano competente para iniciar el procedimiento considere que, de acuerdo con lo previsto en su normativa reguladora, existen elementos de juicio suficientes para calificar la infracción como leve, salvo que exista oposición expresa por parte del interesado.