Tema específico 16: Responsabilidad patrimonial de la Administración y de autoridades y personal; especialidades del procedimiento

Señale la opción INCORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, con relación a la responsabilidad patrimonial:

A) Cuando las Administraciones Públicas decidan iniciar de oficio un procedimiento de responsabilidad patrimonial será necesario que no haya prescrito el derecho a dicha reclamación por el interesado.

B) El acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, concediéndoles un plazo de diez días para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo.

C) El procedimiento iniciado de oficio se instruirá aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

D) En los procedimientos de responsabilidad patrimonial, la petición deberá individualizar la lesión producida en una persona o grupo de personas, su relación de causalidad con el funcionamiento del servicio público, su evaluación económica si fuera posible, y el emplazamiento en que la lesión efectivamente se produjo.

Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, con relación a la responsabilidad de las autoridades y personal al servicio de las administraciones públicas:

A) La exigencia de responsabilidad penal del personal al servicio de las Administraciones Públicas no suspenderá los procedimientos de reconocimiento de responsabilidad patrimonial que se instruyan, salvo que la determinación de los hechos en el orden jurisdiccional penal sea necesaria para la fijación de la responsabilidad patrimonial.

B) La Administración correspondiente, cuando hubiere indemnizado a los lesionados, exigirá de oficio en vía administrativa de sus autoridades y demás personal a su servicio la responsabilidad en que hubieran incurrido por dolo, o culpa o negligencia leves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

C) El procedimiento para la exigencia de la responsabilidad, y se iniciará por acuerdo del órgano competente que se notificará a los interesados y que constará, entre otros, del trámite de alegaciones durante un plazo de diez días.

D) La resolución declaratoria de responsabilidad no pondrá fin a la vía administrativa.

En la conselleria competente en materia de medio ambiente se tramita un procedimiento administrativo iniciado a instancia de D. Emeterio Temeridad. Durante la tramitación, el expediente permanece paralizado durante más de ocho meses debido a la falta de emisión de un informe preceptivo por parte de un funcionario adscrito a la Dirección General de Medio Natural. La sentencia del posterior recurso contencioso-administrativo declara acreditado que dicho funcionario olvidó emitir el informe en su debido momento, sin justificar la demora ni la complejidad técnica del asunto, y que esta inactividad supuso un funcionamiento anormal del servicio. El órgano judicial reconoce a D. Emeterio una indemnización de 120.000 euros, al concluir que el retraso injustificado ocasionó un perjuicio económico que el administrado no tenía el deber jurídico de soportar. ¿Debe abonar la administración la indemnización a D. Emeterio o puede exigir que sea el funcionario responsable del retraso quien abone esta cantidad?

A) Nos encontramos ante un caso de responsabilidad concurrente de la administración con el funcionario, respondiendo ambos solidariamente según dispone el art. 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

B) Nos encontramos ante un supuesto de responsabilidad de derecho privado, de los previstos, en el art. 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al ser el daño causado por un sujeto concreto y no por la Administración en su conjunto.

C) Nos encontramos en un caso en el que, debiendo indemnizar la Administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta debe repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave. La Administración ha de actuar de oficio una vez constatada o acredita ésta.

D) Nos encontramos en un caso en el que, debiendo indemnizar la administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta podría repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el art. 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave, pero sólo si lo estima oportuno, siendo preceptivo el dictamen del Consell Jurídic Consultiu.

Señale la respuesta correcta. Antonio Pérez cae en la trampilla de una alcantarilla en una calle de una ciudad de la Comunitat Valenciana, y como consecuencia de ello, sufre lesiones que le provocan que esté tres meses escayolado. A raíz de ello, presenta una reclamación en septiembre de 2022, de responsabilidad patrimonial ante la correspondiente corporación local, solicitando una indemnización por daños y perjuicios por importe de 35.000,00 euros. ¿Es preceptivo en el expediente de responsabilidad patrimonial, el informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana?:

A) No, porque el importe que reclama no es de cuantía igual o superior a los 50.000 euros.

B) No, al tratarse de una corporación local.

C) Sí, porque la cuantía que reclama es superior a los 30.000 euros.

D) El informe del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana es siempre preceptivo en los expedientes de responsabilidad patrimonial que se tramitan en el ámbito territorial de la Comunitat.

Señale la respuesta correcta. Don José García sufrió un daño que no tenía el deber jurídico de soportar de acuerdo con la Ley, en unos terrenos de su propiedad por una actuación de un funcionario de la Generalitat Valenciana. D. José García solicitó a dicha administración una indemnización por daños y perjuicios. Una vez indemnizado, ¿la Administración puede exigir al funcionario su responsabilidad?

A) Sí, se le exigirá de oficio, en vía administrativa, la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, o culpa o negligencia muy grave, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

B) Sí, se le exigirá a instancia de parte, en vía administrativa, la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, o culpa o negligencia muy grave, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

C) Sí, se le exigirá a instancia de parte, en vía administrativa, la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

D) Sí, se le exigirá de oficio, en vía administrativa, la responsabilidad en que hubiera incurrido por dolo, o culpa o negligencia graves, previa instrucción del correspondiente procedimiento.

Señale la respuesta correcta. Tras la tramitación tardía de un expediente, instado por una persona el retraso en la tramitación, ha dado lugar a un importante perjuicio económico a un ciudadano, quien interpone reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial frente a la Administración actuante y acaba obteniendo una compensación, en sede judicial, de 97.450 €. La sentencia declara probada la existencia de numerosas deficiencias en la tramitación del procedimiento de origen, y especialmente identifica como causa del retraso el que el expediente quedara retenido durante más de seis meses a la espera de un informe jurídico por parte de la Administración encargada de realizarlo, sin que ésta diera razón alguna para la no emisión del informe en los tiempos debidos, ni la complejidad del asunto, ni elemento objetivo alguno permita justificar esta enorme demora. La sentencia contencioso-administrativa que concede la indemnización, de hecho, declara como probado que este retraso no debía ser soportado por el ciudadano por su carácter “gravemente negligente", identificando ese punto del iter procedimental como clave. A partir de estas consideraciones, ¿ha de abonar la Administración la indemnización o puede exigir que sea el funcionario responsable del retraso quien se haga cargo de la misma?

A) Estamos ante un caso de responsabilidad concurrente de la administración con el funcionario, respondiendo ambos solidariamente según dispone el artículo 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público.

B) Sería un supuesto de responsabilidad de Derecho privado, de los previstos, en el artículo 33 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, al ser el daño causado por un sujeto concreto y no por la Administración en su conjunto.

C) Se trata de un caso en el que, debiendo indemnizar la Administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta ha de repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave. La Administración ha de actuar de oficio una vez constatada o acreditada ésta, como ocurre en este caso.

D) Se trata de un caso en el que, debiendo indemnizar la Administración pública al particular cuyo derecho ha sido reconocido, ésta podría repetir contra el empleado público, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 36 de la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, exigiéndole la cuantía correspondiente por concurrir negligencia grave, pero sólo si lo estima oportuno.

Actualmente, la responsabilidad de la Administración se basa en:

A) La culpabilidad de la misma como causa de un daño a un tercero

B) La existencia real de este daño por la actuación administrativa

C) La propia responsabilidad del funcionario actuante

D) Su actuación ilegítima solamente.

Cuando un Tribunal anula un acto administrativo:

A) No se responderá por la Administración

B) Incurrirá en responsabilidad ésta

C) Puede dar lugar a responsabilidad

D) Se presume esta responsabilidad

El ejercicio de la acción de responsabilidad pierde su viabilidad a partir del/de los:

A) año en que se causó el daño

B) seis meses desde dicho daño

C) dos años desde el mismo

D) no tiene límite alguno

La responsabilidad de la Administración es:

A) Ilimitada

B) Objetiva

C) Irreclamable

D) Subjetiva