Tema general 16: Las fuentes del derecho administrativo. La jerarquía de las fuentes. La ley. Las disposiciones del Ejecutivo con fuerza de ley: decreto-ley y decreto legislativo. El reglamento: concepto, clases y límites. Otras fuentes del derecho administrativo

Señale el enunciado correcto. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas:

A) En virtud del principio de necesidad, la iniciativa reguladora que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma, tras constatar que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos, o que impongan menos obligaciones a los destinatarios.

B) Las disposiciones administrativas se ajustarán a los criterios de descentralización vertical establecidos por las leyes.

C) En aplicación del principio de proporcionalidad, la iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

D) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes ni regular aquellas materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

Respecto de la potestad reglamentaria regulada en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, señale la afirmación que es correcta:

A) Los reglamentos y disposiciones administrativas, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, exacciones parafiscales u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.

B) Los reglamentos y disposiciones administrativas no podrán vulnerar la Constitución o las leyes, pero sí regular las materias que la Constitución o los estatutos de autonomía reconocen de la competencia de las Cortes Generales o de las asambleas legislativas de las comunidades autónomas.

C) El ejercicio de la potestad reglamentaria corresponde únicamente al Gobierno de la Nación y a los órganos de gobierno de las comunidades autónomas, de conformidad con lo establecido en sus respectivos estatutos.

D) Las disposiciones administrativas se ajustarán al orden de jerarquía que establezcan las leyes. Las disposiciones administrativas podrán vulnerar los preceptos de otra de rango superior cuando un informe del Consejo de Estado así lo autorice.

Señale la afirmación INCORRECTA, con relación a los límites y el control de la potestad reglamentaria:

A) Según el Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana, las normas reglamentarias, los acuerdos y otros actos administrativos de los órganos de la Generalitat serán recurribles ante la jurisdicción contenciosa-administrativa.

B) Según la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, del Consell, en el ejercicio de la potestad reglamentaria no se podrá restringir derechos individuales, salvo en el marco de las leyes.

C) Según la Ley Orgánica del Poder Judicial, los Jueces y Tribunales no aplicarán los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa.

D) Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las normas que sean consecuencia del ejercicio de la potestad reglamentaria no podrán tener efectos retroactivos.

Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en el ejercicio de la iniciativa legislativa y la potestad reglamentaria, el principio de eficiencia significa que:

A) La iniciativa normativa debe estar justificada por una razón de interés general.

B) La iniciativa que se proponga deberá contener la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir con la norma.

C) La iniciativa normativa debe evitar cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionalizar, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.

D) La iniciativa normativa se ejercerá de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea.

Según el artículo 86 de la CE, señale quién debe convalidar o derogar un Decreto-Ley en el plazo de los treinta días siguientes a su promulgación:

A) El Senado.

B) El Congreso.

C) Las Cortes Generales.

D) El Tribunal Constitucional.

Según el artículo 86 de la CE, los Decretos-leyes dictados por el Gobierno NO podrán afectar a:

A) El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

B) Los derechos y deberes de los ciudadanos regulados en el Título I, al régimen de las Comunidades Autónomas, al Derecho electoral general ni a la legislación presupuestaria.

C) Los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título II, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

D) El ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título II, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

Señale la respuesta correcta en relación al principio de jerarquía normativa:

A) Las normas con rango de ley se encuentran en posición de subordinación jerárquica frente a la Constitución, pudiendo ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo las que de cualquier forma infrinjan sus preceptos.

B) Las normas con rango de ley están jerarquizadas entre sí, de tal manera que una Ley orgánica es jerárquicamente superior a una ley ordinaria.

C) Los reglamentos están jerarquizados entre sí, hallándose su rango en función del nivel del órgano del que emanan.

D) Toda Ley del Estado, por emanar de las Cortes Generales, es jerárquicamente superior a una ley de una Comunidad Autónoma.

Según la Constitución Española de 1978, señale la respuesta correcta en relación con la elaboración de las leyes:

A) La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta de las Cortes, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

B) La iniciativa legislativa corresponde al Gobierno y al Congreso, de acuerdo con la Constitución.

C) La delegación legislativa deberá otorgarse mediante una ley orgánica cuando su objeto sea la formación de textos articulados o por una ley ordinaria cuando se trate de refundir varios textos legales en uno solo.

D) Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas, excepto las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen lectoral general y las demás previstas en la Constitución.

De acuerdo con el artículo 26 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, ¿cuándo podrá prescindirse del trámite de consulta pública en el procedimiento de elaboración de un reglamento?

A) Cuando lo justifiquen causas de necesidad y oportunidad.

B) Cuando la propuesta normativa tenga un impacto significativo en la actividad económica.

C) Cuando concurran razones de interés general que lo justifiquen.

D) Cuando la propuesta regule aspectos parciales de una materia.

Señale la respuesta correcta en relación con el artículo 2 del Código Civil:

A) Las leyes entrarán en vigor a los quince días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.

B) Las leyes entrarán en vigor a los veinte días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.

C) Las leyes entrarán en vigor a los treinta días de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.

D) Las leyes entrarán en vigor al día siguente de su completa publicación en el Boletín Oficial del Estado, si en ellas no se dispone otra cosa.