Tema específico 7: La jurisdicción contencioso-administrativa: naturaleza, ámbito, órganos y competencias, partes, objeto del recurso y ejecución de sentencias

Señale la respuesta correcta. Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, las sentencias que, siendo susceptibles de casación, hayan sido dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia serán recurribles ante la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Supremo:

A) Siempre que se trate de recurso de casación para la unificación de doctrina.

B) Sólo si el recurso pretende fundarse en infracción de normas de derecho estatal o de la Unión Europea que sea relevante y determinante del fallo impugnado, siempre que hubieran sido invocadas oportunamente en el proceso o consideradas por la sala sentenciadora.

C) Sólo cuando se trate de recursos contra disposiciones generales de la comunidad autónoma o cuando el recurso se fundare en infracción de normas de derecho estatal.

D) En ningún caso.

Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, ¿cuál de las siguientes causas podría ser declarada por el Consell, ante la ejecución de una sentencia firme, para expropiar los derechos o intereses legítimos reconocidos en la misma frente a la Administración?

A) El peligro cierto de alteración grave del libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos.

B) El grave quebranto económico para la Hacienda de la Generalitat que afecte al montante global de la ley de presupuestos.

C) El quebranto de la integridad del territorio nacional.

D) El temor fundado de guerra.

Un grupo de funcionarios del Ayuntamiento de Poblevell de la Serra (provincia de Castelló) ha interpuesto recurso contencioso administrativo contra la resolución de la Alcaldía de la citada entidad local por la que se convocó un proceso de promoción interna para el acceso al subgrupo C1, escala administrativa, de la corporación local. El recurso se basa en la presunta no conformidad a derecho de determinados preceptos del Decreto 3/2017, de 13 de enero, del Consell, por el que se aprueba el Reglamento de selección, provisión de puestos de trabajo y movilidad del personal de la función pública valenciana, norma que sirve de base jurídica a la convocatoria. Se plantea si la Generalitat Valenciana puede tener algún tipo de participación en el proceso contencioso administrativo que se derive del citado recurso.

A) No puede tener ningún tipo de participación en el procedimiento, por tratarse de un litigio entre una entidad local y su personal.

B) No puede ser parte en el procedimiento, pero deberá comunicársele la interposición del recurso y concederle un plazo de 20 días para la formulación de alegaciones referidas únicamente a la conformidad a derecho de la disposición dictada por el Consell.

C) Deberá ser notificada de la interposición del recurso por el órgano judicial concediéndole un plazo de 10 días para poderse personar como coadyuvante.

D) Se le considerará como parte demandada.

Por acuerdo del Consell se ha acordado la separación del servicio de D. Pau Pou, funcionario de carrera de la Generalitat con domicilio en la ciudad de Alicante y destino administrativo en la misma localidad. ¿Cuál es el órgano competente para conocer del recurso contencioso-administrativo que interpusiera el señor Pou frente a dicho acuerdo?

A) El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Valencia.

B) A elección del demandante, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Alicante o el de Valencia.

C) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

D) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Provincial de Alicante.

Según la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, ¿cuál será el órgano judicial competente para conocer los recursos contencioso-administrativos que se deduzcan frente a actos y disposiciones de los órganos de gobierno de las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas en materia de gestión patrimonial?

A) La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo.

B) Los Juzgados de lo Contencioso-administrativo.

C) Las salas de lo Contencioso-Administrativo de los Tribunales Superiores de Justicia.

D) La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA de acuerdo con las disposiciones sobre la ejecución de sentencias contenidas en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa?

A) Las sentencias firmes que anulen un precepto de una disposición general supondrán la nulidad de todos aquellos actos administrativos dictados en aplicación de la misma.

B) Las sentencias firmes que anulen una disposición general tendrán efectos generales desde el día siguiente a la publicación de su fallo y preceptos anulados en el mismo periódico oficial en que lo hubiera sido la disposición anulada.

C) La sentencia que declare la inadmisibilidad o desestimación del recurso contencioso-administrativo sólo producirá efectos entre las partes.

D) La sentencia que declare nulo un precepto de una disposición general podrá determinar la forma en que han de quedar redactados los preceptos en sustitución de los anulados.

La Dirección General competente en materia de espectáculos resolvió sancionar con una multa de 30.051 euros al pub Oryx, establecimiento público sito en el término municipal de Vila-real, por permitir el consumo de alcohol a menores de 18 años, lo que se tipifica como infracción grave en al artículo 51 de la Ley 14/2010, de 3 de diciembre, de la Generalitat, de Espectáculos Públicos, Actividades Recreativas y Establecimientos Públicos. La entidad sancionada, titular del pub Oryx y con domicilio en Castellón de la Plana, no está de acuerdo con la resolución sancionadora y, tras agotar la vía administrativa, pretende acudir a la vía judicial. Con relación a lo anterior, ¿a quién compete, en todo caso, conocer del recurso contencioso-administrativo?

A) A la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, en única instancia.

B) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de València, en única o primera instancia, por ser donde tiene su sede la parte demandada.

C) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Castellón de la Plana, en única o primera instancia, por ser donde se produjeron los hechos constitutivos de infracción.

D) A los Juzgados de lo Contencioso-administrativo de Castellón de la Plana o a los de València, en única o primera instancia, a elección de la parte demandante.

Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en la ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa:

A) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de un mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de tres meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

B) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de 1 año y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

C) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de dos meses, contados desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses y se contará, para el solicitante y otros posibles interesados, a partir del día siguiente a aquél en que, de acuerdo con su normativa específica, se produzca el acto presunto.

D) El plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo será de 1 mes, contado desde el día siguiente al de la publicación de la disposición impugnada o al de la notificación o publicación del acto que ponga fin a la vía administrativa, si fuera expreso. Si no lo fuera, el plazo será de seis meses.

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto:

A) De acuerdo con el artículo 4.2 del Decreto 128/2017, de 29 de septiembre, del Consell, por el que se regula el procedimiento de notificación y comunicación a la Comisión Europea de los proyectos de la Generalitat dirigidos a establecer, conceder o modificar ayudas públicas, los departamentos o entidades que pretendan establecer o modificar, bien un régimen de ayudas, bien una ayuda ad hoc, que cumplan los requisitos del artículo 107, apartado 1, del TFUE, remitirán a la dirección general competente en materia de coordinación y control de las ayudas públicas concedidas por la Generalitat, en el marco de la política de competencia de la Unión Europea, para su informe preceptivo y vinculante, los respectivos proyectos al menos tres meses antes de la fecha prevista para su entrada en vigor, así como la información que figura en el anexo III de este Decreto.

B) De acuerdo con el artículo 8.2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, los Juzgados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia, de los recursos que se deduzcan frente a los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas, salvo cuando procedan del respectivo Consejo de Gobierno, cuando tengan por objeto cuestiones de personal, salvo que se refieran al nacimiento o extinción de la relación de servicio de funcionarios públicos de carrera, las sanciones administrativas que consistan en multas no superiores a 50.000 euros y en ceses de actividades o privación de ejercicio de derechos que no excedan de seis meses, las reclamaciones por responsabilidad patrimonial cuya cuantía no exceda de 30.050 euros.

C) De acuerdo con el artículo 25.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que no pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos.

D) De acuerdo con el artículo 46.3 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, si el recurso contencioso-administrativo se dirigiera contra una actuación en vía de hecho, el plazo para interponer el recurso será de diez días a contar desde el día siguiente a la terminación del plazo establecido en el artículo 30. Si no hubiere requerimiento, el plazo será de veinte días desde el día en que se inició la actuación administrativa en vía de hecho.

Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, no corresponde a los Juzgados de lo Contencioso Administrativo:

A) Las resoluciones dictadas por el Tribunal Económico-Administrativo Central en materia de tributos cedidos.

B) Todas las resoluciones que se dicten en materia de extranjería por la Administración periférica del Estado o por los órganos competentes de las Comunidades Autónomas.

C) Las autorizaciones para la entrada en domicilios y restantes lugares cuyo acceso requiera el consentimiento de su titular, siempre que ello proceda para la ejecución forzosa de actos de la administración pública, salvo que se trate de la ejecución de medidas de protección de menores acordadas por la entidad pública competente en la materia.

D) La autorización o ratificación judicial de las medidas adoptadas con arreglo a la legislación sanitaria, que las autoridades sanitarias consideren urgentes y necesarias para la salud pública e impliquen limitación o restricción de derechos fundamentales, cuando dichas medidas estén plasmadas en actos administrativos singulares que afecten únicamente a uno o varios particulares concretos e identificados de manera individualizada.