Tema específico 27: Transparencia y buen gobierno (normativa estatal y autonómica); protección de datos (UE, Estado y Comunitat): derechos digitales, responsable, encargado y DPD

Una entidad privada, denominada Soluciones Tecnológicas Eficientes, con sede en Valencia, ha resultado beneficiaria de una subvención concedida por la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca para el fomento de la innovación tecnológica en el ámbito agrario, por un importe de 115.000 euros. Sin embargo, tras una auditoría de cumplimiento normativo, se constata que la citada empresa no ha publicado en su página web ni en el portal web ofrecido por la Generalitat la información relativa a la subvención recibida, ni los datos de destino y uso de los fondos públicos, tal y como exige la Ley 1/2022, de 13 de abril, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana. Ante esta situación, se plantea cuál sería la consecuencia del incumplimiento de la obligación de publicidad activa por parte de esta empresa. Señale la respuesta correcta:

A) Las entidades privadas no están sujetas al cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa establecidas en la normativa de transparencia, que se aplican únicamente a administraciones públicas y entidades con personalidad jurídico-pública.

B) El Consejo Valenciano de Transparencia puede efectuar un requerimiento para la enmienda de los incumplimientos de las obligaciones de publicidad activa establecidas. La resolución tiene que incluir una advertencia y tiene que determinar las medidas que se tengan que adoptar para enmendar el incumplimiento y el plazo para llevarlas a cabo, que en ningún caso puede ser inferior a veinte días.

C) Al tratarse de una entidad privada, no atender el requerimiento expreso del Consejo Valenciano de Transparencia no puede constituir una infracción sancionable.

D) Al tratarse de una entidad privada, desatender el requerimiento expreso del Consejo Valenciano de Transparencia constituirá una infracción leve que conllevará amonestación o multa entre 200 y 6.000 euros.

Señale la afirmación INCORRECTA. Según la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales:

A) El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de catorce años.

B) Tendrá asimismo la consideración de responsable del tratamiento quien figurando como encargado utilizase los datos para sus propias finalidades.

C) Entre las entidades que deben designar a un delegado de protección de datos, están los centros docentes que ofrezcan enseñanzas en cualquiera de los niveles establecidos en la legislación reguladora del derecho a la educación, así como las Universidades públicas y privadas.

D) Las administraciones de las comunidades autónomas no siempre están obligadas a tener accesible por medios electrónicos un inventario de sus actividades de tratamiento.

Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana:

A) Únicamente serán motivadas las resoluciones que denieguen el acceso, así como las que concedan el acceso parcial o a través de una modalidad diferente a la solicitada.

B) En las entidades del sector público instrumental de la Generalitat, serán competentes para la resolución del procedimiento del derecho de acceso las personas titulares de los órganos superiores y directivos de las consellerias de las que dependan funcionalmente.

C) En las solicitudes de derecho de acceso no resulta obligatorio exponer los motivos por los que se solicita la información, si bien, en caso de hacerlo, la motivación será tenida en cuenta para ponderar el acceso y dictar la resolución correspondiente.

D) Cuando las solicitudes de derecho de acceso se refieran a información que afecte a los derechos o intereses de terceras personas, debidamente identificadas, el órgano competente lo pondrá en todo caso en conocimiento de las personas afectadas para que, en su caso, en el plazo de diez días hábiles presenten las alegaciones que estimen pertinentes.

Señale la opción INCORRECTA. En cumplimiento de lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de transparencia y buen gobierno de la Comunitat Valenciana, las entidades privadas deberán cumplir las obligaciones de publicidad activa recogidas en el capítulo II del título I de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre:

A) Cuando perciban durante el periodo de un año ayudas o subvenciones públicas en una cuantía superior a 100.000 euros.

B) Cuando perciban durante el periodo de un año natural ayudas o subvenciones de las entidades públicas de la Comunitat Valenciana recogidas en el artículo 3 de la Ley 1/2022 en una cuantía superior a 50.000 euros.

C) Cuando las ayudas o subvenciones percibidas representen al menos el 40 % del total de sus ingresos anuales, siempre que alcancen como mínimo la cantidad de 5.000 euros.

D) Cuando perciban durante el periodo de un año ingresos públicos en una cuantía superior a 100.000 euros.

Señale la opción CORRECTA. Según el artículo 35 de la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, resultan competentes para la resolución del procedimiento de acceso a la información pública:

A) En el ámbito de la administración de la Generalitat, únicamente las personas titulares de los órganos directivos responsables funcionales de la información solicitada.

B) En el ámbito de la administración de la Generalitat, podrán ser competentes las personas titulares de las consellerias y de las secretarías autonómicas responsables funcionales de la información solicitada, si bien la competencia para resolver se puede delegar.

C) En el ámbito de la administración de la Generalitat, podrán ser competentes las personas titulares de las subsecretarías y del resto de centros superiores responsables funcionales de la información solicitada, si bien la competencia para resolver se puede delegar.

D) En el ámbito del sector público instrumental de la Generalitat, en los términos definidos en el artículo 2.3 de la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de hacienda pública, del sector público instrumental y de subvenciones, resultará competente el órgano máximo con funciones ejecutivas y, en su defecto, los órganos que determinen los estatutos o normas de funcionamiento.

D. Francisco G.G está valorando el centro educativo donde quiere que su hijo curse sus estudios de educación primaria. Le han comentado que hay un centro educativo de titularidad de la Generalitat que siempre ha tenido prestigio, pero que en los últimos años ha tenido problemas por enfrentamientos entre determinados profesores. Por ello, ejercita el derecho de acceso a la información pública, solicitando de la Conselleria competente en materia de educación que le facilite la siguiente documentación: -Listado con el nombre, apellidos y cargo que ocupa el personal docente integrante del equipo directivo del centro, ubicado en Castelló de la Plana. -Extracto de los acuerdos más relevantes adoptados en el último claustro de profesores, donde se trató, entre otros asuntos, una denuncia de acoso laboral presuntamente infringido por varios docentes hacia una profesora, que ahora se encuentra de baja. En base a lo previsto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, y en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de la Generalitat, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, solamente una de las siguientes afirmaciones es correcta:

A) Resultará competente para resolver acerca del derecho de acceso la dirección territorial de Castelló de la Conselleria competente en materia de educación.

B) La información solicitada del equipo directivo tiene la consideración de datos meramente identificativos relacionados con la organización, funcionamiento o actividad pública del órgano, por lo que como regla general se deberá facilitar.

C) Dado que en la información solicitada en relación al claustro de profesores puede afectar a derechos o intereses de terceros, debidamente identificados, deberá concederse a los mismos un plazo de diez días hábiles para que puedan realizar las alegaciones que estimen pertinentes.

D) La resolución en la que se conceda o deniegue el acceso deberá notificarse al solicitante y en el plazo máximo de un mes desde la recepción de la solicitud por el órgano competente para resolver, plazo que podrá ampliarse por otros dos meses en el caso de que el volumen o la complejidad de la información que se solicita así lo hagan necesario.

La Asociación Valenciana “Amor pels arrels de l’Horta valenciana” resulta beneficiaria de una subvención concedida, en el año 2024, por la Conselleria competente en materia de cultura para la promoción de la difusión de la lengua valenciana en el ámbito cultural. La cuantía concedida asciende a un total de 55.000 euros. La entidad beneficiaria de la subvención, que tiene naturaleza privada, ha incumplido sus obligaciones en materia de publicidad activa, tras desatender el requerimiento expreso formulado por el Consejo Valenciano de Transparencia. Al hilo de esta cuestión, y en base a lo previsto en la Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana, señale cuál de las siguientes afirmaciones es INCORRECTA:

A) La conducta expuesta constituye una infracción muy grave, que resulta sancionable con multa comprendida entre 30.001 y 100.000 euros.

B) La tipificación de la infracción como muy grave puede comportar el reintegro total o parcial de la subvención concedida, así como la prohibición de obtener subvenciones durante un periodo máximo de tres años.

C) La potestad sancionadora en el caso descrito corresponderá a la persona titular de la Conselleria competente en materia de transparencia, con independencia de la cuantía de la sanción a imponer.

D) La resolución que ponga fin al procedimiento sancionador incoado contra la asociación habrá de contar con un informe, preceptivo y vinculante, del Consejo Valenciano de Transparencia.

Señale la respuesta correcta. La normativa valenciana en materia de transparencia, Ley 1/2022, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana (LTBGCV), ¿obliga a dar información como publicidad activa sobre los algoritmos y programas de inteligencia artificial que emplea para el desarrollo de funciones públicas?

A) No, como tampoco es el caso de la normativa básica estatal ni de las normas europeas.

B) Sí, el art. 16.1 l) LTBGCV obliga a la publicidad del listado de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial que tengan impacto en los procedimientos administrativos valencianos, así como una descripción comprensible de su diseño y funcionamiento.

C) Sí, el art. 16.1 l) LTBGCV obliga a la publicidad del listado de algoritmos y sistemas de inteligencia artificial, pero sólo de los que deciden procedimientos administrativos.

D) Sí, pero por exigencia de la normativa básica estatal.

Señale la respuesta correcta. Según el Decreto 105/2017, de 28 de julio, del Consell, de desarrollo de la Ley 2/2015, de 2 de abril, de la Generalitat, en materia de transparencia y de regulación del Consejo de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno, se considera evaluación de las políticas públicas:

A) El informe, emitido por la subsecretaria de cada conselleria u órgano equivalente en las entidades del sector público, acerca del grado de consecución de los objetivos previstos por las respectivas unidades administrativas.

B) El informe sobre el grado de cumplimiento global de los planes y los objetivos programados en los documentos de planificación, formulados por las unidades administrativas, emitido por la Inspección General de Servicios de la Generalitat.

C) El proceso sistemático encaminado a la comprensión de una intervención pública para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto a su diseño y e implementación.

D) El proceso sistemático de generación de conocimiento, encaminado a la comprensión integral de una intervención pública, para alcanzar un juicio valorativo basado en evidencias, respecto a su diseño, puesta en práctica, resultados e impactos.

Señale el enunciado CORRECTO. Según el artículo 11 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, “el Portal de la Transparencia contendrá información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente que deberán adecuarse a los siguientes principios”:

A) Integridad, interoperabilidad y confidencialidad.

B) Accesibilidad, interoperabilidad y reutilización.

C) Accesibilidad, integridad y disponibilidad.

D) Integridad, interoperabilidad y seguridad.