Tema 2: La Corona. Las Cortes Generales. El Tribunal Constitucional

Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional, ¿cuál de los siguientes puede plantear una cuestión de inconstitucionalidad?

A) Un ciudadano español.

B) Un partido político.

C) Un juez o tribunal.

D) El Gobierno.

Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional:

A) El Tribunal Constitucional no podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en una infracción de precepto constitucional que no haya sido invocado en el curso del proceso.

B) La competencia del Tribunal Constitucional se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones perjudiciales y accidentales no pertenecientes al orden institucional, directamente relacionadas con la materia de que conoce, a los solos efectos del enjuiciamiento constitucional de ésta.

C) La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad contra una ley del Estado no suspenderá su vigencia ni su aplicación.

D) Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad las leyes y disposiciones normativas con rango de ley o reglamentario de las Comunidades Autónomas.

Según el artículo 159 de la Constitución, ¿con cuál de las siguientes situaciones es compatible con la condición de miembro del Tribunal Constitucional?

A) Con los cargos políticos.

B) Con la militancia en un partido político.

C) Con el desempeño de funciones directivas en un sindicato.

D) Con todo mandato representativo.

¿Cuál de los siguientes actos de las Cortes Generales prevé la Constitución que deberá realizarse mediante reunión en sesión conjunta de Congreso y Senado?

A) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados de índole político o militar.

B) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I.

C) La adopción de las medidas previstas en el artículo 155 para obligar a una Comunidad Autónoma al cumplimiento forzoso de las obligaciones que le imponen la Constitución o las leyes.

D) El nombramiento de Regente.

Según la Constitución, ¿en cuál de los siguientes supuestos se produce la suspensión de la disposición o resolución recurrida ante el Tribunal Constitucional?

A) Cuando el Defensor del Pueblo interpone recurso de amparo con relación a la misma.

B) Cuando sea objeto de una cuestión de inconstitucionalidad planteada por un órgano judicial.

C) Cuando cincuenta diputados del Congreso interponen recurso de inconstitucionalidad con relación a la misma.

D) Cuando el Gobierno impugna una disposición o resolución adoptada por los órganos de las Comunidades Autónomas.

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Constitución Española de 1978:

A) El Senado es la Cámara de representación territorial. En cada provincia se elegirán cuatro Senadores por sufragio universal, libre, igual, directo y secreto por los votantes de cada una de ellas, en los términos que señale una ley orgánica.

B) Los Diputados y Senadores gozarán de inmunidad por las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones. Durante el período de su mandato los Diputados y Senadores gozarán asimismo de inviolabilidad y sólo podrán ser detenidos en caso de flagrante delito. No podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva.

C) Las Cámaras eligen sus respectivos Presidentes y los demás miembros de sus Mesas. Las sesiones conjuntas serán presididas por el Presidente del Congreso y se regirán por un Reglamento de las Cortes Generales aprobado por mayoría absoluta del Congreso.

D) La potestad originaria para establecer los tributos corresponde exclusivamente al Estado, mediante ley. Las Comunidades Autónomas y las Corporaciones locales podrán establecer y exigir tributos, de acuerdo exclusivamente con lo estipulado en la Constitución. Todo beneficio fiscal que afecte a los tributos del Estado deberá establecerse en virtud de ley. Las administraciones públicas sólo podrán contraer obligaciones financieras y realizar gastos de acuerdo con las leyes.

Señale la respuesta correcta. Según la Constitución Española, están legitimados para interponer el recurso de amparo:

A) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, 50 Diputados, 50 Senadores, así como el Defensor del Pueblo y los órganos ejecutivos de las Comunidades Autónomas.

B) El Presidente del Gobierno, el Defensor del Pueblo, 50 Diputados, 50 Senadores, los órganos colegiados ejecutivos de las Comunidades Autónomas y, en su caso, las Asambleas de las mismas.

C) Toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Ministerio Fiscal.

D) El Presidente del Gobierno, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo, así como el Defensor del Pueblo y el Presidente del Consejo General del Poder Judicial.

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Constitución Española de 1978:

A) La provincia es una entidad local con personalidad jurídica propia, determinada por la agrupación de municipios y división territorial para el cumplimiento de las actividades del Estado y de las Comunidades Autónomas. Cualquier alteración de los límites provinciales habrá de ser aprobada por las Cortes Generales mediante ley orgánica.

B) Al Rey corresponde, previa consulta a las Cortes Generales, declarar la guerra y hacer la paz.

C) La ley regulará el régimen jurídico de los bienes de dominio público y de los comunales, inspirándose en los principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, así como su afectación.

D) Las elecciones tendrán lugar entre los treinta días y sesenta días desde la terminación del mandato. El Congreso electo deberá ser convocado dentro de los veinticinco días siguientes a la celebración de las elecciones.

Señale cuál de los siguientes enunciados es correcto, de acuerdo con la Constitución Española de 1978:

A) La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de tratados o convenios requerirá la previa autorización de las Cortes Generales, en los siguientes casos: Tratados de carácter político, tratados o convenios de carácter militar, tratados o convenios que afecten a la integridad territorial del Estado o a los derechos y deberes fundamentales establecidos en el Título I, tratados o convenios que impliquen obligaciones financieras para la Hacienda Pública y tratados o convenios que supongan modificación o derogación de alguna ley o exijan medidas legislativas para su ejecución.

B) Las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la Corona se resolverán por una ley ordinaria.

C) Son leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, las que aprueben los Estatutos de Autonomía y el régimen electoral general y las demás previstas en la Constitución. La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá mayoría absoluta del Senado, en una votación final sobre el conjunto del proyecto.

D) Los Estatutos podrán prever los supuestos, requisitos y términos en que las Comunidades Autónomas podrán celebrar convenios entre sí para la gestión y prestación de servicios propios de las mismas, así como el carácter y efectos de la correspondiente comunicación a las Cortes Generales. En los demás supuestos, los acuerdos de cooperación entre las Comunidades Autónomas necesitarán la autorización del Senado.

De acuerdo con la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, el Tribunal Constitucional no conoce:

A) De los conflictos entre los órganos constitucionales.

B) Del control previo de inconstitucionalidad en el supuesto previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre.

C) De los conflictos en defensa de la autonomía local.

D) De las impugnaciones previstas en el número 2 del artículo 162 de la Constitución.