Tema específico 2: Ley 39/2015: requisitos y eficacia de los actos. Ley 40/2015: órganos administrativos y competencia

Según el artículo 35 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, ¿cuál de los siguientes actos o acuerdos administrativos no se exige que sean motivados?

A) Los acuerdos de adopción de la medida provisional de retención de ingresos a cuenta que deban abonar las administraciones públicas.

B) Los actos que acuerden la terminación del procedimiento por la imposibilidad material de continuarlo por causas sobrevenidas, así como por el desistimiento del interesado en procedimientos iniciados a instancia de parte.

C) Los acuerdos de realización de actuaciones complementarias.

D) Los actos que se separen del dictamen de órganos consultivos.

Señale la afirmación correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones públicas, en cuanto a la regulación de las notificaciones:

A) Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el momento de practicarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en el domicilio siempre que sea mayor de edad y haga constar su identidad.

B) Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar a la administración pública únicamente al inicio del procedimiento, por cualquier medio, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios electrónicos.

C) Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán solo mediante comparecencia en la sede electrónica de la administración u organismo actuante.

D) Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta de acuerdo con la regulación sobre la avocación contenida en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de régimen jurídico del sector público?

A) Los órganos superiores podrán avocar para sí el conocimiento de asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente a órganos inferiores aun cuando no sean jerárquicamente dependientes.

B) La avocación podrá impugnarse en el recurso que, en su caso, se interponga contra la resolución del procedimiento.

C) El acuerdo de avocación deberá ser motivado y deberá ser notificado a los interesados en el procedimiento, si los hubiere, con anterioridad o simultáneamente a la resolución final que se dicte.

D) Contra el acuerdo de avocación no cabrá recurso.

Señale la afirmación CORRECTA. En Derecho Administrativo, la inderogabilidad singular de las disposiciones generales significa que:

A) La ejecutividad de los actos administrativos de carácter particular de las Administraciones Públicas queda protegida frente a otros órganos de igual o superior jerarquía.

B) Los jueces y tribunales no pueden derogar disposiciones administrativas de carácter general, sino que deben plantear la cuestión de ilegalidad.

C) Son nulas las resoluciones administrativas que vulneren lo establecido en un reglamento, aunque hayan sido dictadas por órganos de igual o superior jerarquía que el que lo haya aprobado.

D) Las disposiciones administrativas de carácter general no podrán vulnerar lo establecido en una disposición reglamentaria, aunque aquéllas tengan grado igual o superior a éstas.

Señale la afirmación CORRECTA. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

A) Las Administraciones no podrán practicar la notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración si el interesado está obligado a la comunicación mediante medio electrónico.

B) Las notificaciones se practicarán preferentemente por el medio indicado por el interesado en el procedimiento.

C) Las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no electrónicos con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado, sin necesidad de previa solicitud del mismo.

D) Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.

Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, ¿qué fecha se tomará como fecha de notificación?

A) La de aquella que se hubiera producido en el medio indicado por el interesado.

B) La de aquella que se hubiera producido en primer lugar.

C) La de aquella que se hubiera producido en último lugar.

D) No cabe la notificación por diversos cauces.

Señale la afirmación CORRECTA. Según el artículo 11 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público:

A) Las encomiendas de gestión no pueden realizarse entre entidades de derecho público pertenecientes a diferentes administraciones públicas.

B) Las encomiendas de gestión pueden realizarse entre entidades de derecho público y entidades de derecho privado, siempre que pertenezcan a la misma administración.

C) Cuando la encomienda de gestión se realice por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes, tales acuerdos incluirán para ser válidos, al menos, expresa mención de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

D) Cuando la encomienda de gestión se realice por acuerdo expreso de los órganos o Entidades de Derecho Público intervinientes, para la validez de tales acuerdos incluirán, al menos, expresa mención al precio de la actividad o actividades a las que afecten, el plazo de vigencia y la naturaleza y alcance de la gestión encomendada.

Señale la respuesta correcta. Según la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas:

A) Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas transcurridos diez días naturales desde la puesta a disposición.

B) La falta de autorización de un acto administrativo produce la nulidad de pleno derecho.

C) En las notificaciones practicadas en el domicilio del interesado, de no hallarse presente este en el momento de entregarse, ninguna persona podrá hacerse cargo de esta, debiendo hacer constar esta circunstancia en el expediente.

D) La falta de práctica del aviso de notificación por medios electrónicos o en papel al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo electrónico del interesado no impedirá que la notificación sea considerada plenamente válida.

Señale la respuesta correcta. Según el artículo 43.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas:

A) En el momento en que se produzca el acceso a su contenido.

B) A los diez días, a partir de que la notificación se haya practicado a través de medios electrónicos.

C) A los quince días, a partir de la fecha en que el acto haya sido dictado.

D) Al mes, a contar desde que la notificación haya tenido salida a través del registro electrónico de la Administración.

Señale la respuesta correcta. La Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, establece respecto a la delegación de competencias:

A) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar el ejercicio de las competencias que tengan atribuidas en otros órganos de la misma Administración, siempre y cuando sean jerárquicamente dependientes.

B) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar la resolución de recursos en los órganos administrativos que hayan dictado los actos objeto de recurso.

C) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas podrán delegar las materias en que así se determine por norma con rango de Ley o reglamentario.

D) Los órganos de las diferentes Administraciones Públicas no podrán delegar la adopción de disposiciones de carácter general.