Tema específico 21: Contratos del sector público (I): disposiciones generales, configuración general de la contratación y elementos estructurales de los contratos

Señale la opción correcta. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, los contratos privados que celebren las administraciones públicas:

A) Pueden estar sujetos a regulación armonizada.

B) No pueden licitarse.

C) Se excluyen del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017.

D) Serán competencia del orden jurisdiccional civil, social o contencioso-administrativo, según las cuestiones a resolver.

Señale cuál de las siguientes es causa de anulabilidad de un contrato celebrado por un poder adjudicador, según el artículo 40 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) La existencia de cláusulas en los pliegos que otorguen, de forma directa o indirecta, ventajas a las empresas que hayan contratado previamente con cualquier administración.

B) La falta de mención expresa en los pliegos de la obligación del futuro contratista de respetar la normativa vigente en materia de protección de datos.

C) La falta de clasificación, cuando esta proceda, debidamente acreditada, del adjudicatario.

D) La falta de publicación del anuncio de licitación en el medio de publicidad en que sea preceptivo, de conformidad con el artículo 135 de la Ley 9/2017.

Señale el enunciado correcto. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público:

A) El precio de los contratos del sector público se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, excluido del importe a abonar el impuesto sobre el valor añadido, que se indicará como partida independiente.

B) Por valor estimado se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, incluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.

C) El precio de los contratos del sector público se abonará al contratista en función de la prestación realmente ejecutada y de acuerdo con lo pactado, entendiéndose incluido el importe a abonar en concepto de impuesto sobre el valor añadido.

D) Por presupuesto base de licitación se entenderá el límite máximo de gasto que en virtud del contrato puede comprometer el órgano de contratación, excluido el impuesto sobre el valor añadido, salvo disposición en contrario.

Una conselleria decide contratar un seguro de accidentes para un colectivo de personas cuya formación le compete. Estima un presupuesto de 30.000 € para dos años de duración, sin posibilidad de prórroga. Pretende licitarlo con el pliego tipo de cláusulas administrativas particulares aprobado por el órgano de contratación para la adjudicación de contratos administrativos de servicios por el procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público. ¿Por qué no sería correcto?

A) Porque no sería un contrato administrativo, sino de derecho privado, el cual no admite licitación.

B) Porque no sería un contrato de servicios, sino administrativo especial.

C) Porque debería aprobarse un pliego de cláusulas administrativas particulares específico para ese contrato.

D) Porque los seguros están excluidos del ámbito de aplicación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, y se rigen por sus normas especiales

Según el artículo 99 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, cuando el órgano de contratación decidiera dividir en lotes el objeto del contrato y, además, permitir que pueda adjudicarse más de un lote al mismo licitador, aquel podrá adjudicar a una oferta integradora. En tal caso, ¿cuál de estos requisitos NO se exige que se cumpla?

A) Que los empresarios acrediten la solvencia económica, financiera y técnica correspondiente, o, en su caso, la clasificación, al conjunto de lotes por los que licite.

B) Que esta posibilidad se hubiere establecido en el pliego que rija el contrato y se recoja en el anuncio de licitación.

C) Que previamente se lleve a cabo una evaluación comparativa para determinar si las ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinación particular de lotes cumpliría mejor, en conjunto, los criterios de adjudicación establecidos en el pliego con respecto a dichos lotes, que las ofertas presentadas para los lotes separados de que se trate, considerados aisladamente.

D) Que exista un único criterio de adjudicación.

Señale la opción CORRECTA. Según la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público, con relación a la revisión de precios:

A) El importe de las revisiones que procedan se hará efectivo, de oficio, mediante el abono o descuento correspondiente en las certificaciones o pagos parciales a cuyo efecto se tramitará a comienzo del ejercicio económico el oportuno expediente de gasto para su cobertura.

B) El órgano de contratación establecerá el derecho a revisión periódica y predeterminada aplicando el índice de precios al consumo vigente.

C) Cuando la cláusula de revisión se aplique sobre períodos de tiempo en los que el contratista hubiese incurrido en mora, los índices de precios se aplicarán en cualquier caso sobre las fechas en las que se hubiera prestado efectivamente el servicio, suministro u obra.

D) Los posibles desajustes que se produjeran respecto del expediente de gasto aprobado en el ejercicio, se harán efectivos en la primera certificación.

Tras un proceso de adquisición tramitado por la conselleria competente en materia de Patrimonio, a la conselleria competente en materia de Agricultura le ha sido adscrito un inmueble de naturaleza rústica en el que se desarrollarán directamente actividades de servicio público relativas a la investigación agroalimentaria, tanto en laboratorio como en plantaciones sobre el suelo, así como otras actividades de carácter administrativo. No obstante, el estado del inmueble, tanto en la parte construida como en los campos, es del todo lamentable dado que se trataba de una centenaria explotación que se hallaba abandonada desde hacía más de 50 años. Para su puesta en funcionamiento, se requiere de la previa tramitación de una gran reforma y acondicionamiento integral de dicho inmueble, que implicará obras y posteriores servicios de mantenimiento. Indica cuál de las siguientes opciones se podría adoptar para acometer dicha reforma y su posterior mantenimiento.

A) Es posible el encargo a un medio propio si se cumplen las condiciones del artículo 32 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

B) Dado que se requiere de la realización de obras de carácter permanente y fijo, cabe la concesión de acuerdo con la Ley 14/2003, de 10 de abril, de Patrimonio de la Generalitat Valenciana.

C) Es posible la encomienda de gestión a una Entidad de Derecho Público.

D) Se requiere a la Conselleria competente en materia de Patrimonio para que lo ejecute por cualquier instrumento que estime oportuno y aconsejando la figura del contrato, ya que el inmueble debió ser restaurado y habilitado para su funcionamiento por la Conselleria competente para su adquisición, y haberlo depurado antes de la adscripción.

La Conselleria competente en materia de infraestructuras educativas pretende licitar un contrato para la construcción de un restaurante para el ciclo formativo de restauración del CIPFP Batoi de Alcoi. El contrato se divide en los siguientes lotes: - Lote 1: Suministro del equipamiento de cocina necesario para el restaurante del CIPFP. - Lote 2: Obra de construcción del restaurante del CIPFP y servicios de coordinación en materia de seguridad y salud de dicha obra. Conforme a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, y en relación con la división en lotes del objeto del contrato, indique la opción correcta:

A) La división en lotes es válida.

B) La división en lotes no es válida. Las prestaciones correspondientes al lote 1 y al lote 2 deberían licitarse conjuntamente porque se trata de un contrato mixto.

C) La división en lotes no es válida. Deben licitarse en un mismo lote todas las prestaciones correspondientes a contratos de obras y de suministros.

D) La división en lotes no es válida. La obra y los servicios de coordinación en materia de seguridad y salud deben licitarse en contratos o lotes separados.

Una entidad del Sector Público Institucional de la Generalitat creada para la consecución de proyectos estratégicos para la Comunitat Valenciana, y con la condición de poder adjudicador, pretende licitar un contrato sujeto a regulación armonizada para la construcción de un estadio de fútbol para que la Comunitat Valenciana pueda ser subsede de dos partidos del Mundial de Fútbol 2030. De acuerdo con lo que regula la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, acerca de las garantías exigibles, señale la opción INCORRECTA:

A) El órgano de contratación puede exigir una garantía provisional en el pliego de cláusulas administrativas particulares, por un importe del 2 por 100 del presupuesto base de licitación del contrato, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

B) Si el órgano de contratación acuerda exigir una garantía provisional, esta se extinguirá automáticamente y será devuelta a los licitadores inmediatamente después de la perfección del contrato.

C) Por tratarse de un caso especial, el órgano de contratación podrá establecer en el pliego de cláusulas administrativas particulares, además de la garantía definitiva, que se preste una garantía complementaria de hasta un 10 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido, pudiendo alcanzar la garantía total un 15 por 100 del citado precio.

D) El licitador propuesto como adjudicatario por haber presentado la mejor oferta deberá constituir a disposición del órgano de contratación una garantía de un 5 por 100 del precio final ofertado, excluido el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Señale la respuesta correcta. Según lo establecido en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, se tipifica como contrato de servicios:

A) Las relaciones jurídicas consistentes en la prestación de un servicio público cuya utilización por los usuarios requiera el abono de una tarifa, tasa o precio público de aplicación general.

B) Aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servicios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.

C) Los que tienen por objeto la adquisición, el arrendamiento financiero, o el arrendamiento, con o sin opción de compra, de productos o bienes muebles.

D) Aquellos cuyo objeto son prestaciones de hacer consistentes en el desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado distinto de una obra o suministro, incluyendo aquellos en que el adjudicatario se obligue a ejecutar el servicio de forma sucesiva y por precio unitario.